, ,

Sudán del Sur, ¿y ahora llegará la paz?

SudanSur-Bandera_Estudios-Africanos-1024x652

 

Por el teniente coronel Jesús Díez Alcalde. Analista.

Sudán del Sur: más de 11 millones de habitantes. La inmensa mayoría de ellos son inocentes, pero unos pocos les han hundido en una guerra fratricida y sin sentido y les han provocado un sufrimiento insondable. Muchos miles de muertos, casi dos millones de desplazados, más de 600 mil refugiados fuera del país y 4,6 millones de sursudaneses sufriendo hambre severa. Como señala Naciones Unidas, «todas las partes en conflicto, incluidos los grupos armados y las fuerzas nacionales de seguridad» han perpetrado «matanzas deliberadas de civiles, violencia étnica, ejecuciones extrajudiciales, actos de violación y otras formas de violencia sexual, reclutamiento y utilización de niños en conflictos armados, secuestros, desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarias,…». Y toda esta barbarie se ceba en una población que hace apenas cuatro años, cuando llegó la ansiada secesión del yugo de Sudán en 2011, creyó que un futuro en paz y prosperidad era posible para su joven e independiente nación: una quimera que pronto se fue al traste y que ahora es urgente comenzar a reconstruir.

Todo estalló en Juba, en diciembre de 2013, cuando los dos máximos dirigentes del país decidieron resolver por la fuerza lo que no quisieron ni supieron solucionar en el ámbito político. Por entonces, el presidente Kiir acusó a su vicepresidente, Riek Machar, de estar planeando un golpe de Estado y le expulsó del gobierno. En su descargo, Machar respondió que Kiir estaba ejerciendo un férreo poder dictatorial y que el único motivo de su destitución era su intención pública de presentarse como candidato independiente a las elecciones generales de 2015, ahora aplazadas por decreto presidencial hasta 2018. Era la última y definitiva constatación de las insalvables desavenencias históricas –personales y políticas– de estos dos líderes rebeldes, que se habían reconvertido definitivamente en las autoridades políticas del país y en responsables únicos de su futuro tras la proclamación de la soberanía nacional, el 9 de julio de 2011.

Salva Kiir y Riek Machar: un “binomio de circunstancias” que, en vez de llevar al país por la senda de la seguridad, la democracia y el desarrollo, han enmascarado siempre sus enfrentamientos bajo la ancestral y no resuelta rivalidad tribal entre los dinka (Kiir) y nuer (Machar). En realidad, lo que realmente subyacía era su total inoperancia y una lucha intestina y constante por el poder, agravada por la debilidad de las instituciones estatales, por la corrupción generalizada y por el despotismo: una auténtica “bomba de relojería” que ha marcado una política excesivamente errática, centralista y sin hoja de ruta desde 2011.

Desde Juba, la pólvora de la violencia, de forma extremadamente convulsa y rápida, se extendió a finales de 2013 por todo el país: la «única solución» enarbolada por ambas partes fue imponer la fuerza militar, en vez de comprometerse en el diálogo y el debate político para zanjar una ambición desmedida por el poder y el control de los recursos. En un país donde los grupos rebeldes y las armas campan a sus anchas y siguen fuera del control político –tras el fracasado proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) que siguió a la independencia–, poco tardaron los movimientos armados en escindirse y en aparecer otros nuevos, para defender la sinrazón de los dos dirigentes políticos o simplemente para sacar rédito de la inestabilidad imperante en el país. Muchos militares desertaron para unirse a las tropas antigubernamentales de Machar, renombradas como SPLA en la Oposición (SPLA/IO); o se reactivaron otras facciones rebeldes nuer, entre ellas, el denominado “White Army”, que surgió en 1991 en el estado de Alto Nilo y que se ha convertido en uno de los actores más sanguinarios del conflicto actual.

Así, y no por casualidad, la guerra sin cuartel se extendió por los estados petroleros de Jonglei, Alto Nilo y Bentiu, que se convirtieron en los principales escenarios de conflicto. Sus principales ciudades –Bor, Malakal y Bentiu–estuvieron sucesivamente en manos de los dos bandos enfrentados, lo que provocó su total devastación y obligó a cientos de miles de sursudaneses a abandonar sus hogares. Si bien es cierto que allí se localizan las principales milicias nuer leales a Machar, más importante aún es que también allí se encuentran las mayores explotaciones petroleras en el país: un damero en el que se juegan muchos intereses regionales e internacionales, y donde existe la certeza de que controlar el recurso petrolero es sinónimo de detentar el poder político y económico. Y todo ello con intenciones siempre ilegítimas y con un menosprecio absoluto hacia una población indefensa que nada se ha beneficiado, hasta el momento, de la ingente riqueza energética nacional.

El tortuoso camino ¿hacia el fin del conflicto?
Frente a la sinrazón de la barbarie, la comunidad internacional –liderada por la Iniciativa Gubernamental para el Desarrollo (IGAD)– se obstinó en sentar a las facciones enfrentadas en una mesa de diálogo y reconciliación que pusiese fin al conflicto. Sin embargo, mucho ha cambiado la situación dentro de esta organización del Cuerno de África desde que Sudán del Sur alcanzase la independencia. A diferencia del año 2005, cuando la IGAD presionó sin fisuras la consecución del Acuerdo Global de Paz que concluyó con la definitiva escisión de Sudán seis años después; en esta ocasión, los distintos intereses nacionales han prevalecido sobre una rápida y forzada resolución del conflicto. Aunque, ya en enero de 2014, las partes se sentaron en Addis Abeba (Etiopía) para sellar el primer cese de las hostilidades, que apenas se mantuvo unas horas sobre el terreno; han tenido que transcurrir 20 meses y un sufrimiento atroz hasta alcanzar, a finales del pasado agosto, el que se espera sea el último y definitivo acuerdo de paz y reconciliación.

Y, en todo este tiempo, han asomado las enconadas y controvertidas actitudes de los vecinos de Sudán del Sur. Desde el inicio del conflicto, Uganda ha respaldado al gobierno de Kiir de forma explícita, con el envío de tropas a territorio sursudanés en apoyo a sus fuerzas nacionales, y se ha mantenido prácticamente al margen de las negociaciones de paz. Por su parte, y aunque de forma más subrepticia, Sudán –enemigo acérrimo de Uganda– se mantiene como el poder externo más significativo, en gran medida por los numerosos litigios pendientes –entre ellos, una definitiva delimitación fronteriza– y, sobre todo, por la mutua dependencia respecto a la explotación del petróleo. Así, el pragmático presidente Al Bashir ha preferido mantener una postura constructiva y conciliadora con Salva Kiir antes que evidenciar un respaldo excesivo a las fuerzas de Machar, todo ello con la pretensión de rehabilitar su reputación internacional y, más aún, obtener réditos de la resolución del conflicto. Por último, Etiopía –impulsor y sede tradicional de los acuerdos regionales– ha pretendido salvaguardar su poder e influencia respecto a la seguridad regional. Mientras, Kenia se ha mostrado reacia a involucrarse de forma determinante en el conflicto sursudanés, pues un enfrentamiento directo con el gobierno de Salva Kiir podría condicionar la construcción del oleoducto que prevé llevar el crudo sursudanés hasta el Índico por territorio keniata.

Con todos estos parámetros, la salvaguarda de los intereses nacionales provocó la parálisis dentro de la IGAD, que en marzo de 2015 –y tras numerosos intentos de sellar un acuerdo entre las partes– suspendió las negociaciones ante la constatación de que la presión regional no iba a ser suficiente para doblegar la iniquidad de Kiir y Machar. Como solución, los países miembros de la IGAD propusieron revitalizar el proceso de paz a través de una mayor involucración externa, y recoger así la recomendación del secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon: «que la comunidad internacional actúe de forma consensuada y haga ver a los dirigentes de Sudán del Sur que no puedan seguir supeditando el destino del país a sus ambiciones personales». Sin duda, la idoneidad de las dos máximas autoridades políticas para encauzar el futuro del país ha sido y seguirá siendo el principal obstáculo para la paz: la única evidencia es que su liderazgo ha provocado una guerra civil cuyas heridas será extremadamente complicado subsanar.

Tras meses de conversaciones internacionales, en junio de 2015 se instauró definitivamente la fórmula IGAD Plus: Naciones Unidas, el Comité Especial de Alto Nivel de la Unión Africana para Sudán del Sur (Argelia, Chad, Nigeria, Ruanda y Sudáfrica), los Estados de la Troika (Estados Unidos, Noruega y Reino Unido), China, la Unión Europea y el Foro de Asociados de la IGAD se unieron a los esfuerzos regionales y, con ello, se convirtieron en los verdaderos artífices de la reanudación de las negociaciones de paz. De esta forma, Estados Unidos volvía a ocupar un papel central en el devenir de Sudán del Sur, como ya había hecho durante su proceso de independencia –hasta convertirse en su gran valedor–; al tiempo que China fortalecía su protagonismo en un país trascendental para su abastecimiento energético y en el que ha contribuido, por primera vez en su historia, con un contingente de 700 efectivos de infantería a la Misión de Naciones Unidas para Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés).

En el terreno, y mientras en el ámbito político y diplomático se ralentizaba la consecución de la paz, UNMISS ha sido el único esfuerzo internacional para intentar proteger a la población, aunque en muchas ocasiones ni los cometidos asignados a los cascos azules, ni su entidad, y tampoco su operatividad y equipamiento, lo han hecho posible. Desde su despliegue en 2011, y más aún tras el estallido del conflicto en 2013, ha sido necesario fortalecer su mandato –con prioridad a la protección de los civiles y apoyo a la asistencia humanitaria– e incrementar su entidad –desde 7.900 efectivos militares y policiales hasta un máximo de 13.823–, además de aumentar su presencia en los enclaves más violentos. En muchas ocasiones, se ha cuestionado su neutralidad ante las facciones enfrentadas, lo que se ha traducido en continuos ataques por parte de ambos bandos; aún así, lo más destacable de su actuación ha sido su obstinación por acoger a los sursudaneses que huían de los enfrentamientos. Hoy, como señala Naciones Unidas, más de 100.000 desplazados se refugian en las instalaciones de UNMISS, especialmente en los estados norteños, en una iniciativa humanitaria no carente de problemas para «enfrentar las causas subyacentes de los conflictos internos –desde el saqueo hasta la violencia sexual– y reducir las posibilidades de que se produzcan».

¿Y ahora llegará la paz?
A finales de agosto, por fases y por separado, las dos partes enfrentadas -lideradas respectivamente por el presidente Kiir y el depuesto vicepresidente Machar–, bajo una encomiable presión externa y tras el ultimátum lanzado por el presidente Obama, ratificaron un acuerdo de paz que ya se anuncia como definitivo y concluyente, y cuyo cumplimiento pretende convertirse la espada de Damocles que contenga a los dirigentes nacionales y los principales líderes rebeldes. El día 17 en Addis Abeba, Machar selló su compromiso con el pacto; mientras que Kiir lo hizo el 26 en Juba –después de pedir quince días para consultar a sus bases y «bajo coacción y tras recibir mensajes intimidatorios»–: «con todas nuestras reservas, firmaremos este documento (…). Ahora pueden ver claramente quién quiere la paz y quién quiere continuar con la guerra», al tiempo que advirtió de que un mal acuerdo podría repercutir a los países vecinos, a quienes ha acusado de gestionar «irresponsablemente» las negociaciones de paz, lo que constata la enorme crisis institucional y política que debe afrontar la IGAD para garantizar su supervivencia como actor regional.

Entre los principales aspectos del concluyente acuerdo de paz –72 páginas plagadas de férreos compromisos y detalles de implementación– destacan, en el ámbito de la seguridad, el cese inmediato de las hostilidades (en 72 horas), con los soldados confinados en sus unidades en un plazo de 30 días; la desmilitarización de Juba, cuya seguridad debe ser garantizada por una fuerza policial integrada y la muy difícil reunificación del SPLM y el SPLM/IO. Por su parte, en el plano político, exige la instauración de un gobierno de unidad nacional antes de 90 días para liderar el país por un periodo de 30 meses, cuyo mandato debe concluir con la celebración de unas elecciones generales. Se trata, pues, de un proceso de profunda reforma política que, como era previsible, se ha convertido en el principal obstáculo y escollo para avanzar en la resolución de un conflicto cuya razón más profunda se asienta en una lucha intestina por el poder.

Ahora se abre un periodo de transición en el que, respecto al reparto de los cargos y responsabilidades políticas, Salva Kiir se mantendrá como presidente, mientras que el vicepresidente debe ser elegido por el SPLM/IO. Aunque lo más probable y paradójico es que Riek Machar se convierta de nuevo en la segunda autoridad del país, pronto se han evidenciado las escisiones internas dentro del SPLM/IO, que atraviesan su momento más crítico tras la destitución de los generales rebeldes Peter Gatdet y Gathot Gatkuoth, que rechazan que Kiir y Machar lideren cualquier gobierno de unidad, pues «ambos son símbolos de oído y conflicto…y un obstáculo para la paz».

En cuanto al cese de las hostilidades, y en apenas unas horas, las facciones rivales denunciaron ataques contra sus respectivas fuerzas, especialmente en los estados norteños: acciones estas que, lamentablemente, se seguirán repitiendo en el futuro inmediato. Por un lado, es muy complicado silenciar las armas en un país con multitud de grupos rebeldes que también luchan por sus propios intereses; y, por otro, también está resultando muy cuestionable la voluntad de Kiir y Machar de obligar a sus huestes a frenar los enfrentamientos, e incluso el poder efectivo que ejercen sobre ellos. Finalmente, como subraya el analista James Copnall, más complicado aún será subsanar la animosidad que esta guerra ha cimentado y exacerbado entre los dinka y los nuer, e incluso dentro de las propias etnias.

A partir de ahora, son muchos los obstáculos que aún debe superar Sudán del Sur para conseguir que se asiente la paz y, desde esta condición inexorable, se restablezca un proyecto nacional que garantice su viabilidad como estado soberano. Y para superar los retos, solo cabe una mayor exigencia internacional, liderada por Naciones Unidas y con el respaldo unánime de todos los actores involucrados en la consecución del acuerdo de paz, que obligue a las partes a entrar en razón o que incluso les haga reconocer su incompetencia para acabar con un conflicto que amenaza con dinamitar el futuro de la nación más joven, pobre e inestable del mundo. En este ámbito, parece que Estados Unidos está dispuesto a recuperar su papel como actor central en el acaecer del país: el 3 de septiembre, presentó ante el Consejo de Seguridad una propuesta de sanciones contra el jefe del SPLA Paul Malong y el comandante rebelde Johnson Olony, que finalmente fue rechazada temporalmente por Rusia, Angola y Venezuela, que prefirieron dar más tiempo para constatar la voluntad de los dirigentes sursudaneses en implementar los acuerdos.

Sin embargo, la mera amenaza de sanciones ya ha tenido consecuencias tangibles dentro del país: el Parlamento nacional ha dado su respaldo unánime al acuerdo de paz, al tiempo que, en el estado de Alto Nilo, el pasado día 11, los grupos armados contrarios al gobierno de Kiir –agrupados en el Consejo Nacional de Liberación– superaron sus reticencias iniciales, respaldaron el documento y eligieron a Machar como el candidato a la vicepresidencia del gobierno de transición. En caso de confirmarse la constitución de este “insólito gobierno”, serán muchas y sonadas las discrepancias entre ambos líderes y, con toda seguridad, la comunidad internacional deberá adoptar medidas coercitivas para impedir su constatada inclinación a resolver sus discrepancias por cauces muy distintos al diálogo político, como han demostrado hasta la fecha.

Ahora, la inexcusable responsabilidad de frenar este conflicto fratricida, que ha provocado un sufrimiento irreparable a la población sursudanesa, así como la ingente labor de reconstruir el país desde las cenizas de la devastación corresponden, como proclama reiteradamente el secretario general Ban Ki-moon, a Salva Kiir y Roek Machar. Pero la comunidad internacional también debe reflexionar profundamente sobre las suyas, porque es incontestable que la auspiciada y celebrada independencia de Sudán del Sur no ha servido para garantizar un futuro pacífico, sostenible y democrático para millones de sursudaneses. Para ellos, sobrevivir a este conflicto ha sido una odisea, pero recuperar la confianza en su país y en las bondades de su joven soberanía nacional será incluso aún más difícil. Y si se pierde esta oportunidad, quizás no solo habrá que buscar culpables dentro de las fronteras de Sudán del Sur.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir