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Reapertura del proceso más emblemático de la era Mohamed VI

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Por Pedro Canales*

En medio de un clima tenso, por los enfrentamientos verbales entre partidarios y detractores de víctimas y acusados, y por el cuestionamiento por una de las partes de la legalidad de la jurisdicción marroquí para juzgar este caso, el proceso llamado de Gdeim Izik se ha reanudado en el Tribunal de Apelación de Rabat. Es posiblemente el juicio más simbólico del nuevo reinado de Mohamed VI. En la época anterior, la de los cuatro decenios en que su padre, el difunto Hassan II, estuvo a la cabeza del Reino alauita, los juicios eran expeditivos, particularmente todos los que tenían alguna relación con la política o la seguridad pública.

Los tribunales, militares cuando se trataba de asuntos relativos a la seguridad del Estado, o civiles en el resto de los casos, pronunciaban unas tras otras sentencias inapelables, fuese en juicios sumarísimos, o en otros que arrastraban meses e incluso años de calabozos y cárceles preventivas. Esta vez, el reinado de Mohamed VI ha querido hacer algo más que un juicio por “actividades criminales y orden público”.

Es, en cierto modo, el juicio que culmina un largo proceso en la edificación del Estado de derecho y de un régimen de libertades en Marruecos. Además, el mismo concierne a sucesos ocurridos en el territorio del Sahara Occidental, los más violentos desde la aceptación del alto el fuego en 1991 apadrinado por la ONU, entre el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario.

En el Tribunal de Apelación de Rabat-Salé se juzga a 25 ciudadanos acusados de protagonizar los disturbios originados durante el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik construido a 12 kilómetros de la ciudad de Laayún, capital virtual de la excolonia española del Sahara Occidental, en noviembre de 2010.

Durante los enfrentamientos que se sucedieron entre grupos de ciudadanos y fuerzas del orden, primero en el campamento y después en la ciudad de Laayún, resultaron muertos 11 policías y gendarmes, otros 70 resultaron heridos, más cuatro civiles, y se produjeron pérdidas materiales cuantiosas por destrucción del mobiliario público.

Los detenidos entonces fueron juzgados por un Tribunal militar que pronunció en febrero de 2013 sentencias de dos años de cárcel para dos de ellos, y penas de 20 años hasta cadena perpetua para los 23 restantes, reconocidos culpables de crímenes.

Sin embargo, la nueva Constitución aprobada en 2011 dio un giro a estos acontecimientos, ya que, según la reforma de la Justicia militar llevada a cabo en 2015 derivada de la Constitución, los asuntos criminales que conciernen a civiles no pueden ser juzgados por tribunales militares en tiempos de paz. Lo que, unido a la anulación del juicio en julio de 2016 por el Tribunal de casación, abrió la puerta para repetir el mismo, pero esta vez ante un tribunal civil.

Es más, este cambio de jurisdicción permite que las familias de las víctimas se presenten como “acusación civil”, algo que no estaba contemplado en la jurisdicción militar, que ni siquiera permitía la presencia de familiares de las víctimas en la sala del juicio.

En suma, el contador vuelve a ponerse a cero y los 25 detenidos vuelven a repetir el juicio, esta vez por lo civil, acusados de “constitución de bandas criminales”, “violencia contra las fuerzas del orden”, “muerte con premeditación”, “mutilación de cadáveres” y “complicidad criminal”.

La polémica se ha desatado entre quienes consideran el juicio “de carácter político”, y quienes lo ven como “un juicio por actos criminales”; entre quienes ondean las banderas del “independentismo saharaui”, no reconociéndose como ciudadanos marroquíes, y quienes exigen reparación según las Leyes marroquíes, ante tribunales marroquíes y para ciudadanos marroquíes; quienes invalidan al propio tribunal y a la jurisdicción marroquí por tratarse, dicen, de “un territorio autónomo” y exigen la aplicación del Derecho humanitario internacional, y quienes se ajustan a las Leyes en vigor en el Reino alauita. Por ejemplo, uno de los abogados defensores de los acusados, Olfa Ouled, estima que el juicio debía celebrarse en el territorio del Sahara y no en Rabat, y considera el mismo como estrictamente político.

Por el contrario, para los abogados franceses presentes en la sala,Yves Repiquet, antiguo decano del Colegio de abogados de París, y Emmanuel Tawil, miembro del colegio parisino, “no se trata de un juicio político, sino de índole criminal”. Los acusados se cierran en el mutismo, no quieren responder a las preguntas de los abogados de la acusación, ni siquiera a las del juez, y no reconocen la validez del tribunal.

Otro de los abogados que representa a la parte civil, las familias de las víctimas, Abdelatif Uammu, no quiere entrar en debates políticos sin fin, y se limita a insistir en que “la muerte de los 11 miembros de las fuerzas del orden y las varias decenas de heridos, son hechos reales, que se juzga como crímenes”.  Abdelatif Uammu confía en la profesionalidad del jurado “que está reuniendo todas las pruebas necesarias, para llegar a una conclusión justa y equitable”.

Ante la protesta generalizada de los defensores de los acusados, acompañada de declaraciones mediáticas estentóreas de todos los colectivos de “defensa de los presos políticos saharauis” dentro y fuera del país, y que han podido enviar delegaciones a Rabat, el tribunal reúne pacientemente las declaraciones de los testigos, actas de reuniones, los videos de la manifestación en el campamento, informes médicos, actas judiciales y todos los documentos relativos a la investigación preliminar y detallada de los sucesos.

El juez que instruye la causa responde así indirectamente a alegaciones como la de Jon Rodríguez, jefe del grupo de trabajo de Oriente Medio y Africa en Izquierda Unida, presente junto a una delegación española en dicho juicio, diciendo que por el momento “no se ha presentado ninguna prueba concreta contra los acusados”, “ni certificados de defunción”, “ni pruebas implicando a los acusados” en dichos sucesos.

La sala de lo criminal en el Tribunal de Apelación de Salé, ha vuelto pues esta semana a reanudar los interrogatorios de los acusados, tanto por parte de sus abogados defensores, como los abogados de la acusación civil, como del propio juez que lleva el caso.

Los abogados de los acusados, en particular los abogados franceses, se quejan de que no les está permitido defender la causa interviniendo en francés, cuando el uso de la lengua árabe es obligatorio ante los tribunales marroquíes, algo que recoge y acepta la convención franco-marroquí de cooperación judicial en vigor.

La importancia del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal de Rabat y su excepcionalidad, han motivado que la Corte haya aceptado tener en cuenta la decisión del Comité de Naciones Unidas contra la tortura que aceptó una denuncia de los acusados sobre supuestas prácticas de tortura, emitida a mediados de diciembre pasado. El Tribunal de Apelación ha designado un comité de expertos para estudiar dichas alegaciones.

La trascendencia del juicio no escapa a nadie, y las cancillerías occidentales siguen muy de cerca la evolución del mismo y su impacto en el complicado tablero geopolítico del Magreb.

*Artículo publicado originalmente en Atalayar.

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