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Nuevo acto del drama de los refugiados en Líbano. La primavera no llega al país de los cedros

Fuente: Bandera de Líbano.

Fuente: Bandera de Líbano

Por Luís González

Fátima al Halouchi era la hija de una pareja de refugiados sirios en el Líbano que fue llevada por sus padres al hospital de Al Rahma, en Arsal, una localidad libanesa situada a unos 124 kilómetros de la capital, Beirut. Había nacido tan sólo 48 horas antes pero llegó muerta al hospital debido, en parte, al temporal de frío que azotó con especial virulencia algunas zonas de Oriente Medio. El calendario marcaba el 22 de noviembre de 2014. Sólo unas horas después en la misma localidad otra niña fallecía en un hospital de campaña. El doctor sirio Kassem al Zein consideró que el haber nacido en una tienda de campaña sin la atención necesaria y el ambiente frío influyó en su deceso.

Son dos ejemplos, terribles sin duda, pero únicamente dos capítulos de la extensa historia que un conflicto, sin visos de resolución en el corto plazo, que ha convertido en protagonistas forzosos a centenares de miles de personas.

La lamentable situación de los desplazados al Líbano como consecuencia del conflicto bélico que está desangrando Siria parece no vislumbrar un horizonte que vaya a ser menos trágico que el presente y cada día, como si de una interminable aunque dolorosamente real tragedia se va reproduciendo un nuevo acto.

Si en enero de este mismo año las autoridades libanesas comenzaron a exigir visados a los ciudadanos sirios, hecho inédito desde la independencia de ambos estados en los años cuarenta del pasado siglo, hace sólo unos días, concretamente el 18 de abril, trascendía la noticia de que, a la ya de por sí difícil situación de los refugiados sirios en territorio libanés, se le daba una nueva vuelta de tuerca: necesitan estar apadrinados por una empresa ya que, en caso contrario, no podrán obtener ni un trabajo ni un contrato de alquiler de vivienda. En este punto también se están cometiendo abusos como explica Dana Sleiman, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la capital libanesa Beirut, en concreto ha habido denuncias de presuntos abusos por parte de arrendatarios los cuales, a cambio de un contrato de alquiler solicitan peticiones de trabajo o directamente sobornos.

Estas condiciones fueron comprobadas in situ por Antonio Guterres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se desplazó a Líbano la pasada semana visitando lugares como el Asentamiento informal de Debane, cerca de la ciudad de Ghaziye, gestionado por ACNUR. Allí recordó que el número de refugiados que permanecen en territorio libanés es de 1.2 millones. Extrapolando este porcentaje de individuos respecto al total de habitantes del país a los Estados Unidos la cifra que alcanzaría la población de refugiados alcanzaría los 80 millones de personas, cifra que ejemplifica perfectamente la dificultad intrínseca del mantenimiento de un número tan elevado de refugiados en un estado de modestas dimensiones como es el Líbano.

En un informe de la organización Intermon OXFAM publicado recientemente se detalla las difíciles condiciones en las que viven las familias que han logrado conseguir un contrato de alquiler ya que, si bien tienen garantizado el alojamiento en el corto plazo, no disponen de recursos para hacerle frente en los meses venideros. Una de las causas radica en que el coste de la vida en el Líbano es muy elevado respecto a los precios de Siria.

Las condiciones en la que están las viviendas de los refugiados que han conseguido un alquiler son deplorables, algunos de estos alquileres no disponen de calefacción mobiliario o aislamiento de factores climatológicos. Otros son directamente plazas de garaje. En estos alojamientos viven de forma masificada familias de hasta 20 miembros.

Esta situación de miseria pobreza y marginalidad trae consigo una derivada que de confirmarse puede ser un mayor, si cabe, elemento de potencial desestabilización de cara al presente y al futuro en un escenario, como es la realidad libanesa, ya de por sí extraordinariamente volátil: La presencia de yihadistas en los campos de refugiados.

El pasado día 17 la agencia de noticias francesa AFP informaba de que en el campo de refugiados de Ain Al-Helweh, en el sur de Líbano, no solo se reúnen ciudadanos de origen palestino sino que también sirve de cobijo a yihadistas que lo emplean como estación de paso cuando entran o salen de Siria. En el campo se observan imágenes del líder de Daesh el autodenominado Califa Ibrahim así como de Al Raya, la bandera negra que exhibe la organización yihadista.

La posibilidad de la extensión de esa circunstancia a campos ocupados por refugiados sirios podría tener consecuencias cuanto menos peligrosas. La situación de privaciones, falta de horizonte y desesperación es un campo de cultivo ideal para que cale un discurso de corte yihadista en individuos que en circunstancias distintas no serán receptivos a estos mensajes.

A finales de 2014 Daesh difundía la notica de la decapitación de Abbas Medlij un soldado del ejército libanés. Se trataba del segundo caso en apenas un mes. Pocos meses después, en enero de este año, el responsable de la Oficina de Seguridad General del Líbano, el general Abbas Ibrahim comunicaba el aumento de efectivos de Daesh en la zona de Qalamun con el fin de afianzar sus posiciones en el territorio fronterizo y controlar algunas aldeas libanesas.

En la localidad de Arsal, situada a 12 kilómetros de la frontera con Siria, se han desarrollado violentos combates entre el ejército Libanés y las milicias yihadistas de Jabat al Nusra y de Daesh . Esta localidad situada en la región de Baalbeck, de mayoría chií, sirve de refugio a varios miles de ciudadanos sirios.

A esta ya de por si convulsa situación hay que añadir que el brazo armado del Hezbollah libanés combate activamente a Daesh en Irak. Aunque era un secreto a voces el líder de Hezbollah, el sheik Sayyed Hassan Nasrallah, admitió hace apenas dos meses que su organización tenía “presencia limitada” en Irak.

Pese a ser admitido recientemente el empleo de las unidades de Hezbollah para combatir a los yihadistas se remonta hasta, al menos el año 2013. En ese momento, en el frente de Malula (Siria) operaban los letales comandos de élite del Partido de Dios las denominadas Firaq al-Lay (Unidades de la Noche), adiestrados por los Pasdaran los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuyo número de efectivos empleados en esa ciudad ascendió a los 200 según afirmaron miembros de las Fuerzas Armadas de Bashar Hafez al-Asad.

Malula es ciudad siria situada en la provincia de Rif Dimashq, en el distrito de Al-Qutayfa a unos 60 kilómetros al norte de Damasco cercana a la frontera libanesa. Es un enclave de unos 2.000 habitantes los cuales son mayoritariamente cristianos principalmente ortodoxos de Antioquía y greco-católicos melquitas. Su peculiaridad es que sus habitantes todavía emplean el arameo, idioma usado por Jesucristo. Paradójicamente en el año 2013 no cayó en manos yihadistas con las casi seguras fatales consecuencias que tendría para sus habitantes gracias a la intervención del ejército del dictador sirio Bachar el Assad y de las milicias de Hezbollah, consideradas terroristas por occidente.

Este es otro ejemplo del caleidoscópico múltiple infinito de relaciones cruzadas que es todo el escenario de Oriente Medio: ciudadanos libaneses combaten sobre el terreno sirio a organizaciones yihadistas, compuestas en gran número por ciudadanos sirios, responsables de que cientos de miles de compatriotas suyos tengan que abandonar sus hogares y buscar refugio en países limítrofes como el Líbano.

Según datos de ACNUR el coste aproximado de su misión en Líbano ronda los 75 millones de dólares siendo el coste diario de las operaciones militares de la Coalición Internacional contra el Yihadismo de unos 8 millones de dólares. Realizando una simple operación aritmética el resultado que arroja parece envolver en llamas la a priori frialdad de las cifras: en sólo diez jornadas de operaciones militares se emplean más recursos económicos que los que dispone ACNUR para actuar en Líbano durante un año.

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