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Nuevas leyes limitan la libertad de expresión en Túnez

Por Cristina Casabón

Ninguna democracia puede florecer sin el control y supervisión de los tres poderes del Estado por parte del denominado “cuarto poder”, la prensa, y para los países en transición a la democracia, esto es particularmente necesario. Túnez es en teoría una sociedad progresista con una nueva Constitución que garantiza el derecho de acceso a la información. Sin embargo, amenazas y agresiones físicas contra periodistas y blogueros, aunque no sistemáticas, se han convertido en una práctica habitual entre la policía tunecina. La impunidad ante la violencia contra los medios de comunicación sigue siendo un problema sin resolver. 

El entorno mediático tunecino ha vivido una inconstante evolución tras el derrocamiento del presidente Ben Ali a principios de 2011. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida en 2011 y liderada por el partido islamista moderado Ennahda, amplió la libertad de prensa sensiblemente durante su primer año en el cargo. Desde 2012, sin embargo, las fuerzas gubernamentales y de oposición ejercieron mayor presión sobre los contenidos informativos, y los periodistas enfrentaron un aumento de las amenazas de muerte y ataques a la libertad de expresión.

La cobertura de las elecciones de diciembre de 2014 fue notablemente polarizada, lo que demuestra la facilidad con la que los medios de comunicación pueden caer en las garras financieras de los partidos políticos y grupos de interés. Los medios están divididos en función de la ideología, la afiliación política, y los intereses económicos. Tienden a favorecer unas voces en detrimento de otras, ya sea a favor del gobierno o de la oposición

La Constitución tunecina de 2014 -una de las cartas más liberales del mundo árabe – incorpora en los artículos 31 y 32 la libertad de opinión y de expresión y el acceso a la información. El artículo 31 dice: “La libertad de opinión, de pensamiento, de expresión, de información y publicación está garantizada. Estas libertades no podrán ser sometidas a censura previa.” El artículo 32 añade: “El Estado garantiza el derecho a la información y el derecho de acceso a información. El Estado se esfuerza por garantizar el derecho de acceso a las redes de comunicación.”

Pero en la práctica, instituciones del Estado, como el ejército y la policía, están utilizando nuevas leyes para limitar la libertad de expresión y para perpetuar una cultura de la impunidad. Casos muy sonados de juicios contra blogeros, periodistas y cineastas han puesto de relieve la necesidad de una reforma legal en este ámbito.

Las condenas de civiles por tribunales militares ha alarmado a los defensores de la libertad de expresión dentro y fuera del país. La controvertida bloguera Yassine Ayari’s fue juzgada “por difamar contra las fuerzas armadas” el pasado 18 de noviembre de 2014 por un tribunal militar, y encarcelada durante seis meses, en virtud del artículo 91.

Además, el artículo 125 del Código Penal castiga con hasta un año de prisión a cualquiera que insulte a un funcionario público en el transcurso del ejercicio de las funciones de su cargo. Recientemente, el pasado 16 de enero, la cineasta Ines Ben Othman fue sentenciada en un tribunal civil a dos meses de prisión por insultar a un oficial de policía (el motivo fue que ella trató de presentar una denuncia contra el director adjunto de una estación de policía en un suburbio de Túnez).

El artículo 128 prevé hasta dos años de prisión por difamación de funcionarios públicos. Otro polémico caso, la pena de prisión de dos años para un rapero tunecino impuesta el 13 de junio de 2013, por “insultar a la policía” en una canción. El artículo 226 se refiere a obstaculizar la moral pública o las buenas costumbres (términos que aceptan múltiples interpretaciones).

Más recientemente se han aprobado dos proyectos de ley muy polémicos sobre la “Lucha contra el Terrorismo y el Blanqueo de Dinero” y “la represión por Atentar contra las Fuerzas Armadas”, sometidos a la Asamblea de Representantes del Pueblo el pasado 26 de marzo y el 8 de abril, respectivamente. El pasado mes de mayo y con ocasión del día mundial por la Libertad de la Prensa, distintas asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y la libertad prensa enviaron un comunicado a Reporteros Sin Fronteras (RSF) donde calificaron estos proyectos de “liberticidas”.

El proyecto de ley antiterrorista  limita el derecho de los periodistas a proteger la confidencialidad de las fuentes (en los artículos 35 y 36), mientras que el uso del término ‘apología del terrorismo’ es bastante subjetivo. Por otro lado, el proyecto de ley sobre “la Represión por atentar contra las Fuerzas Armadas” prevé duras penas por “ultraje” y abre la vía a una represión generalizada contra opiniones críticas a la institución militar.

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