,

No será África la que termine con la Corte Penal Internacional

Por Chema Caballero*

Burundi, Sudáfrica y Gambia han sido los primero países en abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) y es muy posible que en las próximas semanas o meses sean muchos otros los que les sigan ya que son varios los presidentes africanos que patrocinan esta desbandada, desde hace tiempo. Nunca antes se había vivido una situación similar.

A pesar de que la mayoría de los países africanos apoyaron fuertemente la idea de un tribunal internacional de justicia penal que pusiera fin a la impunidad de líderes y señores de la guerra, especialmente tras el genocidio de Ruanda, las cosas han cambiado mucho desde la instauración de este en 2002. Así, en octubre de 2013, la Unión Africana (UA) celebró una reunión extraordinaria en su sede de Adís Abeba para debatir la propuesta de retirarse en grupo de la CPI, acusando al organismo internacional de ser injusto con el continente. Este movimiento se forjó tras la imputación del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, acusado de crímenes contra la humanidad en la violencia que siguió a las elecciones de 2007 y que se cobró la vida de más de 1.000 personas. Causa que fue suspendida en diciembre de 2014 porque, según la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, la falta de cooperación del Gobierno keniano, y las amenazas y sobornos de testigos llevaron al colapso del caso.

Son bastantes los políticos africanos que tienen la impresión de que la CPI presenta un sesgo muy claro contra África y que el Tribunal, hasta el momento, se está manifestando como un mecanismo para perseguir solo sospechosos africanos. Es por eso que en aquella reunión se propuso que los 34 países africanos que eran miembros de la CPI se retirarse en bloque de este tribunal que fue creado para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En aquella ocasión la iniciativa no prosperó, pero la semilla quedó plantada y ahora empieza a dar sus frutos.

En el caso de Burundi, la decisión adoptada por el parlamento y ratificada por el presidente, Pierre Nkurunziza, se produce seis meses antes de que la CPI abra una investigación preliminar sobre la situación de violencia que vive el país.

Gambia, una nación gobernada con mano de hierro por Yayah Jammeh desde 1994, utilizó como excusa que la CPI solo se centra en los líderes africanos, mientras que no hace nada para incriminar a políticos como Tony Blair por la guerra de Irak. El ministro gambiano de Información dijo en televisión que “la CPI es un tribunal caucásico establecido para perseguir y humillar a la gente de color, especialmente a los africanos”. Este país ha intentado, sin éxito, que el tribunal impute a la Unión Europea por la muerte de miles de migrantes que intentan llegar a ella.

Hay que recordar que la actual fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, es la antigua ministra de Justicia de Gambia, y que la primera vicepresidenta del mismo es la jueza keniana Joyce Alouch.

La decisión última de Gambia puede estar condicionada porque el próximo mes de diciembre deberían celebrarse elecciones presidenciales, pero el principal líder de la oposición, Ousainou Darboe y otros 18 miembros de su partido fueron condenados a tres años de prisión a inicios de 2016 acusados de organizar una manifestación no autorizada.

Sin embargo, la decisión de Sudáfrica ha sido toda una sorpresa. Nunca se pensó que este país pudiera llegar a este extremo a pesar de la disputa que mantiene con la CPI tras haber dejado escapar al presidente sudanés, Omar al-Bashir, de su territorio el año pasado cuando acudía a una cumbre de la UA, estando este en busca y captura por el tribunal acusado de crímenes contra la humanidad cometidos en Darfur. La no detención de Bashir tuvo tanto consecuencias internacionales como domésticas para Sudáfrica. Los tribunales del país determinaron que el gobierno no solo había violado sus obligaciones internacionales sino también sus propias leyes. Todo esto dañó bastante la reputación internacional del país.

A raíz de este caso, funcionarios sudafricanos amenazaron a la CPI con retirarse de ella. Sin embargo, no ha sido este caso el detonante último de esta decisión. El argumento utilizado por el Gobierno sudafricano ha sido el del dilema paz versus justicia que aparece recurrentemente desde hace años y que fue largamente discutido en las negociaciones y reuniones que llevaron a la creación de la CPI. “La República de Sudáfrica ha encontrado que sus obligaciones con respecto a la resolución pacífica de conflictos a veces son incompatibles con la interpretación dada por la Corte Penal Internacional”, declaró el Ejecutivo.

Sin embargo, algunos analistas piensan que la verdadera razón detrás de esta decisión es muy distinta. En los últimos años, Sudáfrica está teniendo problemas para imponerse como líder regional con proyección internacional y afianzarse como uno de los nuevos poderes emergentes. Por eso esta retirada de la CPI tendría menos que ver con la relación de este país con el tribunal y más con una estrategia política para ganar peso en el continente. Constituyéndose, de esta manera, en líder del movimiento y no en un simple seguidor del mismo.

Queda por ver qué harán otros países, especialmente Kenia, cuyo parlamento adoptó una resolución en esta línea en 2013, Namibia, que hizo lo mismo en 2015, Uganda, cuyo presidente es muy crítico con el tribunal, o Zimbabue, donde su presidente ha llegado a decir que la CPI no es bienvenida en África, por citar solo unos cuantos ejemplos.

Según el Estatuto de Roma, una vez presentada la petición de retirada de un país miembro de la CPI, tiene que pasar un año antes de que esta se haga efectiva y durante ese tiempo el país tiene que seguir colaborando con el tribunal. Por eso también habrá que estar pendientes de si, en especial Burundi y Gambia, cumplen con este requisito.

Algunos analistas se preguntan si esta cadena de retirada de países africanos de la Corte Penal Internacional no será el principio del fin de la misma. Es posible. Pero no olvidemos que este tribunal, cuyo establecimiento constituye uno de los hitos más importantes de la justicia y el derecho internacional, nació ya con una gran carencia: los estados más poderosos del planeta no son parte de él, como es el caso de Estados Unidos, Rusia o China. Desde siempre se ha dicho que para que este fuera realmente internacional y legitimo, el imperio de la ley tendría que aplicarse por igual a todos los individuos y estados.

Por tanto, es injusto mantener que la retirada de algunos países africanos del mismo, por muy desacuerdo que estemos con sus razones y que estas puedan ser una triquiñuela para eludir la condena de sus acciones, es el principio del fin de la CPI. Esta ya nació con muchas carencias que a lo largo de los años se han ido acentuando, como en repetidas ocasiones ha denunciado su fiscal jefe, por la falta de apoyo económico, las trabas y la reluctancia a cumplir las ordenes emanadas de ella por parte de muchos países.

Se impone, por tanto, buscar una salida a esta situación que pone en riesgo la lucha contra la impunidad de los políticos y señores de la guerra. El problema ante el que nos encontramos no deja de ser político, por lo que la solución también debe ser política pero sin comprometer la primacía de la ley. Todos los países deben comprometerse por igual en la búsqueda de una solución y, por supuesto, no se puede, en ningún caso, culpar a los países africanos de ser los culpables de que la Corte Penal Internacional esté en crisis.

*Con la colaboración de Atalayar.
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir