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La Corte Antiterrorista en Siria, una herramienta para cometer crímenes de guerra

Por Cristina Casabón

El gobierno sirio está llevando a cabo decenas de miles de detenciones arbitrarias, torturas sistemáticas y condenas de muerte de defensores de derechos humanos y otros activistas pacíficos en base a la Ley Antiterrorista, ejecutada bajo la Corte Antiterrorista.

El pasado mes de abril de 2015, The Violations Documentation Center (VDC) publicó el informe “Counter-Terrorism Court: a Tool for War Crimes”, subrayando que decenas de miles de ciudadanos sirios han sido detenidos arbitrariamente y remitidos a esta corte desde su creación, en virtud de un decreto legislativo, en julio de 2012.

Desde el comienzo de las protestas pacíficas en Siria en marzo de 2011, los cuerpos de seguridad han intentado abortar las manifestaciones utilizando todos los medios posibles, especialmente las detenciones arbitrarias. Éstas han conmocionado a la opinión pública, especialmente en los casos documentados de muertos bajo tortura en centros de detención de Siria.

No hay datos oficiales del gobierno sobre el número de detenciones arbitrarias desde el inicio de las revueltas, pero centros de documentación y de organizaciones de derechos humanos sitúan la cifra en más de 200.000, de las cuales decenas de miles se consideran desapariciones forzadas. Además hay cientos de personas desaparecidas que se cree que pueden estar en centros de detención bajo control de las fuerzas de seguridad.

El clan de los Assad viene desde hace cuatro décadas oprimiendo y abusando de opositores políticos a través del establecimiento de un estado permanente de emergencia, en vigor desde que asumió el poder en 1963. Unos años más tarde Baaz emitió el Decreto 47 de 1968 que crea el Supreme State Security Court (SSSC), principal organismo encargado de la represión ciudadana.

En 2012 el Presidente sirio, Bashar al-Assad, dio por finalizado el estado de emergencia en Siria y abolió la SSSC. En su lugar, el 25 de julio promulgó la Ley N° 22, por la cual se crea la Counter-Terrorism Court (CTC) para aplicar la nueva Counter-terrorism Law (CTL), que sustituiría el estado de emergencia. Este tribunal, que forma parte del Ministerio de Justicia, está conformado por tres jueces. Uno de ellos, el juez Rida Moussa, lo preside y tiene la tarea de juzgar civiles y personal militar en cargos relacionados con el “terrorismo”.

Desde su implantación se han llevado a cabo miles de juicios injustos contra personas detenidas arbitrariamente y sin los debidos procesos legales. La ley no delinea claramente los procedimientos que rigen las operaciones de la corte, pero las referencias a las normas de procedimiento revelan confesiones obtenidas bajo tortura y ausencia de derechos fundamentales durante el proceso jurídico.

Según The Violations Documentation Center, la mayoría de los cargos están relacionados con la financiación, apoyo y promoción del “terrorismo”. Los detenidos a menudo confiesan (bajo tortura) crímenes que no han cometido, pues la mayor parte de los referidos a la CTC son activistas pacíficos (ciudadanos comunes, mujeres y niños). 

La CTC juzga como “delitos relacionados con el terrorismo” acciones tales como cantar slogans en una manifestación, la difusión de información contraria al régimen en medios de comunicación, la publicación de estudios sobre la situación de los derechos humanos en Siria, o la documentación de los detenidos y desaparecidos. 

Debido a la gran cantidad de detenciones arbitrarias referidas a este tribunal, los detenidos se acumulan en las prisiones centrales o comisarías de policía antes de comparecer ante los jueces de la CTC. Esto supone una violación del Decreto 55 de fecha 21.04.2011, que declara que el período de detención preventiva en Siria no podrá exceder 7 días y que éste podrá ser prorrogado por el Fiscal General siempre que no exceda 60 días. 

Una vez referidos a la CTC, los entrevistados por el VDC comentan que los jueces no prestan atención a sus declaraciones ante el tribunal; sino a los cargos presentados por las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la estudiante H. Z. fue arrestada por participar en una manifestación pacífica para pedir la democracia en la ciudad de Hama, pero después fue acusada por “cocinar alimentos para el Ejército Libre de Siria”, además de por “ser miembro y de colaborar con el Ejército Libre de Siria”, y la CTC la procesó en consecuencia.

Tanto abogados como acusados han declarado que se les niega una representación legal eficiente. Las declaraciones del acusado ante el tribunal no son tenidas en cuenta, “especialmente cuando afirman que las confesiones han sido obtenidas mediante tortura”, según se desprende de los testimonios. Algunos detenidos dicen haber estado delante de los jueces esposados, y a veces descalzos y con la ropa “arrancada” y no por ello se ha desestimado la acusación.  

El trabajo de investigación de VDC muestra que desde que la CTC comenzó a recibir casos en octubre/noviembre de 2012, el ritmo se ha incrementado dramáticamente. El número total estimado de mujeres detenidas desde el comienzo de la revolución también, y muchas son detenidas con sus hijos. VDC ha documentado los nombres de 1849 de ellas; la mayoría se encuentra en la prisión de mujeres de Adra.

El conjunto de las prácticas del tribunal constituyen crímenes contra la humanidad, y los jueces y fiscales involucrados pueden ser considerados responsables, según declaran éste y otros organismos de defensa de derechos humanos, como Human Rights Watch.

En febrero, 2014 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución para impulsar la asistencia humanitaria en Siria, y condenó las extendidas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de las autoridades del país, así como por parte de grupos armados.  A pesar de esta Resolución, actos individuales de asesinato y encarcelamiento arbitrario se siguen llevando a cabo como parte de la política del régimen mediante los procedimientos de este tribunal. Estas prácticas deben ser juzgadas en virtud del derecho internacional humanitario, y en particular, del Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra (ver página 34 del informe).

El informe se centra en las prácticas del régimen. Las prácticas atribuibles a los rebeldes se examinarán en un futuro informe por parte de The Violations Documentation Center in Syria (VDC)

La CTL puede leerse en el anexo del informe (página 41).  

1 comentario
  1. Mikel
    Mikel Dice:

    Cristina, Verónica, Beatriz y el resto de colaboradores,
    No puedo más que sentir verguenza ajena ante estos escritos. Españolas que prefieren ignorar cómo se aplica la ley antiterrorista en su pais de origen y se encarcelan a puros activistas sociales, periodistas, sindicalistas, políticos, o si es del gusto “rebeldes moderados”, denunciando en un país en guerra la vulneracion en DDHH y la libertad política.

    Habeis trabajado para mass-media que incluso despues de absueltos siguen criminalizando a los inocentes y estigmatizándoles de por vida ¿os creeis con algún tipo de autoridad moral para denunciar lo que ocurre en un país en guerra mientras callais complices lo que ocurre en vuestro país?

    Luego os preguntareis por qué vuestra credibilidad es cercana a 0

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