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EE.UU. prepara la toma de Mosul en un Iraq dividido

Primer ministro iraquí se reúne con su gabinete en Bagdad, capital de Irak

Primer ministro iraquí se reúne con su gabinete en Bagdad, capital de Iraq

Por Cristina Casabón

Fuentes del Mando Central de Estados Unidos revelaron a periodistas que están trabajando con las Fuerzas Armadas iraquíes y los “peshmerga” kurdos para atacar Mosul, la segunda ciudad iraquí, que cayó en manos de los terroristas del Daesh el pasado junio.

Según esta reciente filtración, la misión militar comenzará probablemente en abril o mayo e involucrará entre 20.000 y 25.000 soldados iraquíes y kurdos, que contarán con apoyo aéreo estadounidense, así como con la asistencia de asesores militares ya desplegados en Irak para proveer inteligencia y entrenamiento a las tropas. 

Existen dudas sobre si estarán listos para volver a tomar la segunda ciudad más grande del país en primavera, y los funcionarios iraquíes siguen insistiendo que no han conseguido las armas que necesitan para la operación. El Gobierno estadounidense aún está debatiendo el grado de implicación de las tropas estadounidenses en la operación, ya que la Casa Blanca ha reiterado que no quiere que sus tropas adopten un rol de combate.

Hasta el momento, el Pentágono está centrando sus operaciones en bombardear desde el aire posiciones del Daesh en los alrededores de Mosul. Hakim al-Zamili, presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa en el Parlamento iraquí, dijo el viernes a The Associated Press que “cualquier operación sería infructuosa” a menos que las brigadas estén adecuadamente preparadas y tengan las armas que necesitan.

Mientras tanto, la retórica sectaria sobre el terreno está aumentando. Las milicias chiíes y las sunníes trabajan por separado, y la desconfianza es mutua. Funcionarios iraquíes y estadounidenses han propuesto la creación de una nueva guardia nacional como la mejor forma de dar las tribus sunitas una participación en la seguridad y el gobierno de Iraq y, finalmente, superar la crisis de confianza, en virtud de un proyecto de ley aprobado por el gabinete de Irak el 3 de febrero de 2015. 

Las seis principales milicias chiítas que combaten en Iraq hoy en día para el ejército regular de Iraq son denominadas “Unidades de Movilización Popular”, y se unieron después de que el líder religioso de los chiítas de Irak, el gran ayatolá Ali al-Sistani, pidió a los iraquíes defenderse contra el Daesh. Muchos de ellos consideran la guerra contra el grupo terrorista como un deber sagrado.

Esta milicia chiíta tiene mejores y más sofisticadas armas, y los soldados están mejor remunerados (alrededor de 600 USD al mes, un salario que es igual al de los soldados regulares). No hay cifras oficiales de cuántos iraquíes podrían estar luchando con las milicias chiíes, pero las estimaciones no oficiales sugieren que suman entre 60.000 y 90.000 miembros en total, y esta cifra va en aumento.

También es un secreto a voces que los oficiales de alto rango de las fuerzas armadas iraníes están presentes en Iraq y trabajan mano a mano con algunas de las milicias chiíes. Las Brigadas Badr, una milicia chií respaldada por Irán, goza de considerable influencia en el gobierno central.

Pero los líderes tribales sunitas son la pieza indispensable para cualquier solución política y militar definitiva, y es por ello que este proyecto de ley busca unir fuerzas tribales sunitas y chiítas en la lucha armada contra el Daesh. Los sunníes son las mismas figuras que, con el apoyo de los Estados Unidos y Maliki, se sublevaron contra Al Qaeda en Iraq (AQI).

Los sunníes tienen poca confianza en la clase política iraquí; su falta de voluntad para tomar las armas se debe en parte a la herencia negativa del sectarismo promovido por el ex Primer Ministro Nouri al-Maliki, y en parte a la actuación de las propias milicias chiítas hacia este grupo.

Bajo la bandera de la lucha contra el Daesh, las milicias chiíes han iniciado un programa generalizado de secuestro, extorsión, tortura y asesinato de sunníes, con o sin pruebas de vínculos con grupos extremistas. Amnistía Internacional (AI) denuncia la impunidad de estos crímenes, supuestamente encubiertos por el propio Ministerio del Interior. Los asesinatos sugieren un patrón preocupante de ataques de represalia. 

Las autoridades del gobierno son en parte responsables de los crímenes cometidos al haber permitido que estas milicias operen fuera de todo marco legal. Estas milicias no están reguladas por ninguna ley o sujetas a la supervisión o a mecanismos de rendición de cuentas. Han estado operando en Iraq con el apoyo y la bendición de los sucesivos gobiernos centrales iraquíes, los cuales han sido dominados por los partidos políticos chiíes.

Pero al mismo tiempo, las Unidades de Movilización Popular parece que tienen más autoridad y poder efectivo sobre el terreno que las propias fuerzas oficiales del gobierno central de Bagdad. Tienen tienen influencia y cargos en el gobierno, y como denuncia AI, esto hace que el gobierno encubra sus crímenes. Además, estos altos funcionarios son bastante reacios a proporcionar armas y fondos a las milicias sunitas.

Mientras tanto, tanto las milicias chiítas como las fuerzas peshmerga kurdas en Irak están recibiendo directamente armas, financiación y entrenamiento de la comunidad internacional para defenderse del Daesh. Por su parte, las fuerzas de seguridad iraquíes (ISF) han subrepresentado a la población árabe sunní del país. Los problemas logísticos y la desconfianza mutua han hecho mella en ambas fuerzas. Sin embargo, esta integración es un componente importante de la reconciliación nacional entre los diferentes grupos  para garantizar el éxito de la operación.

La existencia de estas milicias sectarias no reguladas es a la vez causa y resultado de la creciente inseguridad e inestabilidad del país. Estos grupos armados socavan el establecimiento de un sistema judicial justo que defienda la igualdad ante la ley y otros derechos humanos. Es imprescindible que el nuevo gobierno de Haider al-Abadi tome medidas decisivas para revertir esta situación.

La tarea de defender el país y proteger la población debe ser llevada a cabo por fuerzas armadas y de seguridad reclutadas de acuerdo a normas no sectarias, que operen dentro del marco de la ley y estén sujetas a una supervisión rigurosa por parte del gobierno. En este sentido, veremos si el proyecto de ley para crear una guardia nacional puede superar las divisiones sectarias en el país árabe y unir las fuerzas en la lucha contra el grupo terrorista.

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