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Burundi, la emergencia anunciada

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Por Alberto Ginel Saúl

Decía el semiólogo francés Roland Barthes en su `gramática africana´ que el dolor en esas latitudes se percibe desde las nuestras como un desgarramiento cruel, como un mal esencial dotado de dimensiones `trágicas´ y, con ellas, de inevitabilidad. A esa gramática podríamos añadir un vocabulario para o sobre el dolor africano y en él, una palabra sobresaldría sin duda entre otras.

Esa palabra aparecía varias veces en un artículo publicado no ayer sino hace un año en el New York Times y que llevaba por título “Burundi al borde del precipicio”. La palabra maldita es “genocidio” y los autores del artículo (uno de ellos superviviente a la violencia interétnica de los noventa) hablaban sobre la urgente necesidad de actuar desde la comunidad internacional y los peligros de llegar, otra vez, demasiado tarde.

La historia poscolonial de Burundi, como la de sus vecinos de Ruanda y República Democrática del Congo, está marcada por la violencia entre hutus y tutsis, la autocracia, los desplazamientos forzosos y la impunidad.

Desde la independencia de Bélgica en el año 1962 se han sucedido varios episodios de violencia masiva motivados por la lucha por el poder interno pero muy influidos por el desarrollo de acontecimientos en los países limítrofes. Desde 1966, tras el asesinato del primer ministro (un hutu) y la caída de la monarquía constitucional que siguió al régimen colonial, se establece un Gobierno militar controlado por la etnia minoritaria de los tutsi.

En 1972, mientras los hutus en el poder perseguían a sus rivales en Ruanda, la tensión y la violencia estallan también en Burundi. Un intento de rebelión hutu que incluyó ataques a localidades pobladas por los tutsis fue el detonante de la respuesta masiva de las fuerzas gubernamentales en lo que más tarde sería conocido como el genocidio burundés (entre 100.000 y 200.000 asesinados y multitud de desplazados, en su mayoría hutus).

Entre 1993 y 2005 tiene lugar una nueva guerra en el país (en paralelo, nuevamente, a los acontecimientos en Ruanda, dónde a partir de 1994 y en apenas unos meses son asesinadas 800.000 personas y es arrasada aproximadamente el 75% de la población tutsi). La espita burundesa se abrió entonces tras el asesinato de Ndayaye, primer presidente electo en elecciones pluralistas y primer miembro de la mayoría hutu en dirigir el país tras el monopolio tutsi. Aquella espiral violenta dejó 300.000 víctimas más y provocó otro desplazamiento masivo de personas que perdieron todas sus propiedades y que, en su mayoría, no han regresado al país.

Conceptos clave en los conflictos durante la historia del país

De esta sucesión de acontecimientos se extraen varias lecciones: la primera de ellas es que la violencia étnica, el odio y sus expresiones más exacerbadas subsisten gracias a una dinámica política basada en el agravio comunitario y la suma-cero: el poder solo se ejerce en detrimento de la otra comunidad, reforzarse es debilitar y excluir completamente al rival de cualquier estructura social, burocrática o económica.

Que la violencia, que solo precisa en ocasiones de una inestabilidad coyuntural para mostrarse en toda su amplitud, sigue un circuito de vasos comunicantes entre los países circundantes: las matanzas de una minoría en un lugar promueven la agitación y la toma de las armas en otro. Los desplazados de los conflictos se ven además obligados a buscar albergue en las comunidades afines de los otros países generando situaciones de emergencia humanitaria que envuelven a toda la región.

Que esto que llamamos “estallidos” no son tales: no son repentinos, no son sorpresivos ni inevitables, sino que se fraguan lentamente. Organizaciones y observadores vienen reportando desde hace años que algo está sucediendo en Burundi y que algo peor podría estar a punto de suceder, incluso en informes de Amnistía Internacional que datan del 2014 o en cables dirigidos a Naciones Unidas en los que se advierte de que el Gobierno está armando a paramilitares y alimentando un clima de persecución.

Tras el rotundo fracaso de la comunidad internacional en los 90 en la región de los Grandes Lagos (reconocido como el más amargo de la ONU en sus décadas de existencia) y considerando la experiencia tristemente acumulada, dichas alertas sobre la situación en Burundi y sus posibles repercusiones más allá de sus fronteras parecen justificadas.

Origen de la crisis actual

La actual crisis tiene origen político y hunde sus raíces en el mes de abril de 2015, durante la campaña para las elecciones del 26 de junio. Entonces, el actual presidente, el hutu Pierre Nkurunziza, anunció su candidatura por el CNDD-FDD en busca de un tercer mandato. La constitución de 2005 limita los periodos presidenciales a dos, pero Nkurunziza y sus partidarios argumentan que el primero no debería contabilizarse por haberse producirse no por elección directa sino por designación parlamentaria. La decisión del presidente provocó protestas en la calle, la represión por parte de las fuerzas de seguridad y centenares de muertos.

En dicha represión tiene un papel protagonista el grupo pro-hutu Imbonerakure, que estaría actuando con la ayuda soterrada del Gobierno y la connivencia de las autoridades locales como un brazo paramilitar encargado del trabajo sucio y de aterrorizar a los grupos de la oposición (algunos de ellos también de etnia hutu) mediante secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Este grupo, que según estimaciones, cuenta con unos 50.000 miembros surge a partir de combatientes de la guerra civil que no llegaron a desmovilizarse de acuerdo con el artículo 21 del acuerdo de paz de Arusha, un acuerdo que sirve de base para la complicada reconstrucción social del país y bajo el que se han apuntalado algunos avances ahora en grave peligro.

La comunidad tutsi también es víctima de la campaña de intimidación emprendida por los Imbonerakure, al abrigo de una retórica gubernamental que fomenta el odio étnico. Los tutsis son acusados de estar en el origen de las protestas contra el Gobierno de Nkurunziza y han sido acusados de provocar disturbios.

Amparadas en la impunidad total, en la oscuridad informativa y en un entorno en el que las ONG de Derechos Humanos y las agencias internacionales encuentran importantes obstáculos para realizar su trabajo, las matanzas adquieren progresivamente un cariz étnico cada vez más evidente y más similar a los terribles episodios del pasado reciente.

Desplazados

Temiendo lo peor,ya son más de 200.000 los burundeses que han decidido abandonar sus viviendas y propiedades para alojarse en campos de Tanzania, Ruanda, Uganda y RD del Congo. Una de las peores consecuencias de la poca atención internacional que recibe esta situación la han de sufrir precisamente dichos desplazados, ya que, pese a los llamamientos internacionales por parte de las agencias, solo se ha conseguido recaudar un 10% de la asistencia que se necesita urgentemente en los campos.

En una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada en diciembre del año pasado se puso de manifiesto la preocupación porque la actual escalada de violencia pueda derivar en un nuevo episodio de odio interétnico. Asimismo, el pasado 1 de abril el Consejo de Seguridad en su Resolución 2279 (2016) aprobó condenar enérgicamente las incitaciones a la violencia o al odio y expresar su intención de considerar la adopción de medidascontra aquellos cuyas acciones y declaraciones contribuyan a perpetuar la violencia.

Ante una crisis que no suscita demasiada atención mediática ni convoca a la opinión pública internacional, el Consejo se acoge a su propia gramática para reservarse la adopción de medidas inmediatas como por ejemplo el envío de fuerzas de mantenimiento de la paz que impidan lo que no se impidió en el pasado reciente. No podemos volver a llegar tarde. Se puede evitar.

** Artículo publicado originalmente en : Bez. Lo que debes saber.

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